Avalan informes de legislación para reforzar acceso a la justicia y la protección de menores


Por Cybernews


EL CAPITOLIO – La Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante Orlando Aponte Rosario, aprobó el martes a través de la modalidad de vistas de consideración final, informes de múltiples legislaciones de la Cámara de Representantes y Senado de Puerto Rico, que buscan reforzar el acceso a la justicia y las leyes dirigidas a la protección de menores en procesos judiciales.


Los proyectos presentados, de ser aprobados por ambos cuerpos legislativos, enmendarían las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, el Código Penal, la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y la Ley para Prohibir el Hostigamiento Sexual en el Empleo.


La primera medida avalada fue el Proyecto de la Cámara 24, que busca enmendar las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, con el propósito de allegar dinero a la Fundación de Fondos para el Acceso a la Justicia.


“Actualmente, hay dinero que maneja el Departamento de Justicia que terminan en el Fondo General del gobierno. Con esta medida, se busca que esos fondos sean asignados para beneficiar el acceso a la justicia”, destacó Aponte Rosario en comunicación escrita.


La legislación de la autoría de los representantes Carlos “Johnny” Méndez Núñez, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Bernardo Márquez Reyes, también destaca en su exposición de motivos, que actualmente, algunas cuentas, por orden específica del foro judicial, se depositan en cuentas que generan intereses para el beneficiario. Al presente, con excepción de algunas cuentas de menores, los fondos se depositan en las llamadas cuentas plica que no generan intereses.


“A los fines de garantizar el acceso a la justicia, cónsono con la política pública establecida por la ley que crea el Fondo para Acceso a la Justicia, los fondos que se encuentran al presente y en adelante, bajo la custodia de la rama judicial y depositados en cuentas plica que no generan intereses para beneficios de menores e incapacitados, tendrán que ser depositados por sus custodios en cuentas de CIFAA o Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA, en inglés)”, rezó la medida.


De igual forma, se dispone, que los fondos generados por las sanciones impuestas por el poder judicial, sean transferidos en su totalidad al Fondo de Acceso a la Justicia.


Al presente, los programas que administran cuentas IOLTA operan en los cincuenta estados, el Distrito de Columbia, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. Según la legislación, en estas jurisdicciones, los programas IOLTA trabajan de manera estrecha y colaborativa con sus Sistemas de Tribunales con el fin de promover el acceso a la justicia.