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  • Writer's pictureThe San Juan Daily Star

Contraloría cuestiona contratación de epidemiólogo en Cidra durante la pandemia




Por Cybernews


SAN JUAN – La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales del Municipio de Cidra, destacando irregularidades en la contratación de un epidemiólogo durante la pandemia del COVID-19.


El Municipio contrató y pagó ciento siete mil seiscientos dólares por los servicios de un epidemiólogo, con un contrato que se modificó en siete ocasiones para aumentar las horas de servicio sin un desglose detallado de las mismas, indicó la Contraloría en su informe.


El alcalde Ángel David Concepción González defendió la contratación, diciendo que la pandemia exigió jornadas irregulares para suministrar pruebas y vacunas. “El servicio acordado se llevó a cabo mediante certificaciones del Director de Emergencias Médicas,” explicó Concepción González en declaraciones escritas.


Sin embargo, la Contraloría sostuvo que las alegaciones del alcalde no justifican la falta de documentación precisa. “Consideramos las alegaciones del alcalde y del presidente de la Legislatura, pero determinamos que el hallazgo prevalece,” respondió la Contraloría.


El informe también señala que el auditor interno del municipio no cumplía con los requisitos académicos ni profesionales establecidos por el Código Municipal de 2020, lo cual podría afectar la validez de sus decisiones y acciones.


Además, se encontraron deficiencias en la gestión fiscal, como la falta de transferencias de créditos presupuestarios a la Legislatura Municipal en el tiempo estipulado y la ausencia de certificaciones de sobrantes por parte de los directores de finanzas. También se identificaron irregularidades en la documentación y conservación de actas de la Junta de Subastas y en el control del inventario del Departamento de Transportación y Obras Públicas.


La Comisión de Asuntos del Contralor y Auditoría de la Legislatura Municipal solo se reunió en tres ocasiones en 24 meses, y no evaluó los informes de auditoría ni los estados financieros auditados, incumpliendo sus funciones fiscalizadoras.

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