Director Ejecutivo de las APP’s dice contratación para desganches de LUMA Energy se hizo en ley
Por Cybernews
SAN JUAN – El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP), licenciado Fermín Fontanés, djo el miércoles que la contratación de 60 millones de dólares de un exvicepresidente de LUMA Energy para la poda y vegetación está en ley.
“El contrato de LUMA se rige bajo las leyes locales y federales existentes y aplicables, y contiene una prohibición de conflicto de intereses. Esto significa que las contrataciones relacionadas a la transformación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica que lleva a cabo LUMA están estrictamente sujetas a los procesos de licitación requeridos en ley.
Tanto el proceso competitivo de licitación que llevó a cabo LUMA para el otorgamiento del contrato de mantenimiento y control de vegetación, como el contrato mismo, fueron revisados y aprobados por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y la Junta de Supervisión Fiscal, conforme con el Plan Fiscal, y el Plan de Manejo de Vegetación aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico.
Es importante poner la información en contexto. El proceso de licitación y aprobación del contrato pasó por una evaluación minuciosa por parte de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas en donde se consideró la evaluación completada por LUMA, la experiencia de la entidad participante y los costos propuestos por las entidades seleccionadas”, dijo Fontánez en declaraciones escritas.
En la mañana, la cadena radial Noti Uno 630 AM reveló que LUMA Energy firmó un contrato de servicio para poda y desganche con la compañía Centurion Group el pasado 25 de mayo por la cantidad de 60 millones de dólares. Según detalló Noti Uno, Todd McLaren, quien fue vicepresidente de LUMA, ahora se desempeña como vicepresidente de Centurion Group.
Ante esta situación, el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) por San Juan, Víctor Parés Otero anunció la radicación de una medida la cual prohíbe que cualquier miembro del equipo gerencial de LUMA Energy que renuncie, pueda, directa o indirectamente, recibir un contrato de servicios pagados a través de fondos públicos por espacio de dos años después de su salida.