Gobernador firma varias medidas y veta otras
Por Cybernews
LA FORTALEZA – El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia firmó 17 medidas legislativas y vetó 5.
Pierluisi Urrutia explicó a los presidentes legislativos, mediante carta, las razones para vetar los Proyectos del Senado 141, 962, 615 y el Proyecto Sustitutivo del Senado al Proyecto del Senado 144 y al Proyecto del Senado 147.
El Proyecto del Senado 141 pretendía enmendar la Ley para conceder una licencia a los empleados públicos para donar sangre y la Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal a los fines de aumentar a ocho horas al año la licencia con paga por el tiempo incurrido en la donación de sangre. Al indicar que el proyecto legislativo tiene una muy buena intención, el gobernador advirtió que la Sección 2 de la medida fue aprobada con un insalvable error de técnica legislativa. Pierluisi explicó que si hubiese firmado la medida se hubieran derogado al menos ocho beneficios marginales que incluye, la licencia para asistir a la escuela de los hijos, la licencia deportiva sin sueldo, la licencia deportiva especial, el tiempo para renovar la licencia de conducir, el tiempo voluntario de servicios de emergencias, la licencia militar y el tiempo para vacunar a los hijos.
Por otro lado, el Proyecto del Senado 962 proponía enmendar el Código de Rentas Internas para permitir a la ciudadanía retirar hasta $40 mil de cuentas Individuales de Retiro (IRA) o fideicomisos de empleados sin penalidad contributiva alguna para la compra de los equipos solares y los vehículos impulsados por energía alterna o combinada.
Tras advertir que la medida tiene un fin loable y que ya existen iniciativas de las agencias del Gobierno a esos fines, el gobernador explicó que se desvirtúa el fin para el cual se crearon las exenciones contributivas en el Código de Rentas Internas para las cuentas IRA o fideicomisos de empleados, las cuales están basadas en, precisamente, promover ahorros a los individuos al llegar su edad de retiro y asegurar que cuenten con los medios suficientes. Además, contrasta con la política pública de la Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral en Puerto Rico de 2023 que busca fomentar la seguridad económica de la población.
En lo que respecta al Proyecto del Senado 615, se explicó que durante el proceso legislativo se aprobaron varias enmiendas que modificaron la intención original de la medida la cual tenía lenguaje que hubiese cumplido con la Ley de Apoyo a Estudiantes de Escuelas Públicas del Gobierno de Puerto Rico de 2019.
En cuanto el Proyecto Sustitutivo del Senado 144 y al Proyecto del Senado 147, el gobernador sostuvo que el texto aprobado choca con la reglamentación del sistema federal, pues el proyecto iría por encima de cualquier reglamentación que establezca prohibiciones o límites a personas que hayan cometido cierto delitos de ocupar ciertos puestos. Esto tendría el efecto de que los patronos sujetos a reglamentación federal se enfrentarán a conflictos evidentes entre las disposiciones de este proyecto de ley y la reglamentación federal.
“Esta medida persigue un fin loable al buscar permitir que personas que han cometido delito puedan reinsertarse en la sociedad. Como primer ejecutivo creo firmemente en la rehabilitación. Es por ello que presenté sendas medidas en ambos cuerpos legislativos para ciertas profesiones en Puerto Rico y para reestablecer la facultad del Departamento de Corrección y Rehabilitación de emitir documentos acreditativos de rehabilitación. De esta manera se permitiría contratar personas exconfinadas en los municipios. Creo firmemente en estos modelos, que, como varios estados de la Unión, buscan ir cambiando nuestra perspectiva social sobre las personas exconfinadas y hacer valer el mandato de rehabilitación. Sin embargo, las versiones de nuestras propuestas no han sido atendidas”, destacó el gobernador.
Las medidas firmadas fueron: el Proyecto del Senado 299 en su reconsideración se enmienda el Código de Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico a los fines de especificar y reafirmar la intención legislativa de que en caso de que un contratista de Gobierno cometa actos delictivos el contrato será rescindido de manera inmediata y el Estado, a través del Departamento de Justicia, podrá reclamar la indemnización correspondiente.
De otra parte, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 465 en su reconsideración, para que los celadores de línea que permanezcan como empleados de alguna agencia o entidad del Gobierno puedan ingresar voluntariamente como integrantes de la Reserva de Celadores de Puerto Rico la cual estará adscrita a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y al contratante.