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Justicia recomienda designación de un FEI contra el alcalde de Mayagüez y a la gerente de finanzas


Por Cybernews


SAN JUAN – El Departamento de Justicia recomendó el lunes a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y la gerente de Finanzas municipal, Yahaira Valentín Andrades, por las supuestas actuaciones de ambos en el desempeño de sus funciones en el municipio y en la corporación Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), así lo informó el secretario de la agencia, Domingo Emanuelli Hernández.


“La responsabilidad que tiene un funcionario público es tan grande y valiosa, sobre todo cuando es electo por el pueblo que le otorga su confianza, que conlleva una obligación mayor de actuar con rigor y asegurar el uso correcto de los fondos públicos. El Departamento de Justicia continuará velando por el cumplimiento de la ley y tomando las acciones correspondientes, de manera justa y sin distinción de persona”, expresó el secretario en comunicación escrita.


El secretario acogió la recomendación de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, y envió hoy a la OPFEI un informe de 188 páginas sobre la investigación preliminar realizada en la agencia, que concluyó que existe causa suficiente para creer que el alcalde, en concierto y común acuerdo con la gerente de Finanzas del municipio, llevaron a cabo acciones que podrían constituir incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. También se les envió comunicación notificando dicha recomendación a las partes querelladas.


Particularmente, las actuaciones de ambos funcionarios constituyen violaciones al artículo 4.2(b) de la Ley Núm. 1-2012, según enmendada, conocida como la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2012, y también podrían constituir violaciones a los artículos 262 y 264 del Código Penal de Puerto Rico de 2012.


De acuerdo con la investigación, entre los años 2012 y 2015, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico asignó, mediante resolución conjunta, la partida de 9.8 millones de dólares de fondos públicos estrictamente para renovar y mejorar el Centro de Trauma de Mayagüez. Sin embargo, el alcalde y la gerente de Finanzas municipal autorizaron el uso de dichos fondos para realizar transacciones de inversión fuera de la isla. Dicha actuación, contraria a la ley y al mandato legislativo, provocó la pérdida de fondos públicos.

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