Por Cybernews
SAN JUAN – Los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Cámara y Senado, Denis Márquez Lebrón y María de Lourdes Santiago Negrón sometieron el jueves, un referido al Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y otras entidades, en el que denuncian la supuesta comisión de múltiples violaciones de ley resultado de la privatización de los procesos de declaración de estorbos públicos y expropiación forzosa. “Además de la comisión de delitos y de fallas severas en el manejo de fondos públicos, hay que plantearse cómo la privatización de estos procesos, en lugar de contribuir al grave problema que vemos en todo el país, de casas sin gente y gente sin casa, se ha convertido en una oportunidad comercial que sólo añade a las sombras sobre las administraciones municipales”, indicó Santiago Negrón en declaraciones escritas.
Ambos legisladores explicaron que el Código Municipal permite que los municipios identifiquen aquellas propiedades que por sus condiciones de ruina y abandono son perjudiciales a la salud o la seguridad y que, si las mismas no son reparadas por sus dueños, se declaren estorbos públicos. El Municipio puede entonces intervenir, realizar la limpieza y reparaciones a su costo e imponer multas, y luego disponer de la propiedad mediante ejecución de la hipoteca legal que se constituye como medida para el cobro de los gastos incurridos, las multas y las contribuciones adeudadas, o puede recurrir a otro mecanismo disponible en el Código Municipal, mediante el cual una persona o entidad que interese adquirir un estorbo público le entrega al municipio una suma equivalente al valor de tasación más una porción adicional para gastos, y el municipio consigna ese dinero en el Tribunal, para iniciar un proceso de expropiación forzosa.
Una vez el municipio es declarado dueño del inmueble lo vende a la persona interesada. En los últimos años, unos 23 municipios han privatizado estas funciones, a través de contratos con la compañía Universal Properties Realty Government Services y en el caso de Caguas, también con el bufete Francis & Gueits.
Por su parte, Márquez Lebrón expresó que “las agencias de gobierno a las que referimos este escandaloso esquema tienen la obligación de investigar todos y cada uno de los aspectos que hemos señalado en nuestro referido, la posible comisión de delitos, las violaciones al debido proceso de ley y las violaciones a leyes que rigen estos procesos. De lo contrario, estarán renunciando a su obligación frente a todo el país”.