Por Cybernews
El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez y la presidenta del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación (PARE), Carmen Ana González Magaz, anunciaron ayer jueves, el Protocolo Intergubernamental para coordinar la respuesta, orientación e intercambio de información para la atención de personas sobrevivientes de violencia de género en situaciones de violencia doméstica.
“Como parte de los trabajos de cumplimiento con la Orden Ejecutiva, las agencias del Ejecutivo, el Poder Judicial, múltiples organizaciones no gubernamentales, y el Comité PARE, colaboraron durante varios meses revisando el único protocolo intergubernamental que suscribe al Poder Judicial y a las agencias del Gobierno de Puerto Rico referente a este tema. La misión de esta iniciativa es coordinar la respuesta, orientación e intercambio de información para la atención de personas sobrevivientes de violencia de género por parte de todos los componentes del gobierno junto al poder judicial. Hoy como gobierno, reiteramos nuestra adhesión a esos compromisos con la firma del Protocolo Intergubernamental. Esto representa un gran logro colaborativo de todo el componente social y jurídico del Gobierno de Puerto Rico trabajando a favor de las víctimas sobrevivientes de violencia de género”, sostuvo el gobernador en declaraciones escritas.
El Protocolo está vigente desde el 2013, pero no se había culminado su revisión y actualización para lograr la atención integral y colaborativa en los casos de violencia de género. Esta actualización procura que el sistema de justicia y las entidades gubernamentales atiendan con prontitud, sensibilidad y de manera coordinada e integrada la intervención y atención de las víctimas de violencia doméstica.
El Protocolo Intergubernamental es un proyecto conjunto y multisectorial que integró a agencias del Gobierno, el Poder Judicial, el Comité PARE y organizaciones no gubernamentales. Mediante mesas de trabajo se lograron medidas encaminadas a implementar y dar seguimiento a la orientación e información asertiva y oportuna a las personas sobrevivientes de violencia de género sobre los servicios, sus derechos y el proceso judicial que enfrentarán. A su vez, se cimentaron los enlaces para el intercambio efectivo de información entre los componentes del sistema de justicia para una identificación, prevención, intervención y respuesta efectiva.
Por su parte, la jueza presidenta Oronoz Rodríguez destacó que “hoy no sólo debemos firmar este protocolo actualizado sino asumir un nuevo compromiso con el acceso a la justicia: procurando simplificar los procesos entre los componentes del sistema de justicia para coordinar el intercambio de información y orientando a las víctimas de violencia doméstica para que accedan de forma inmediata a los servicios disponibles. Debemos establecer una pauta unificada en todas nuestras instituciones. Es decir, que no importa a qué institución se acerque una mujer que ha sido víctima de violencia, la situación deberá manejarse con un mismo norte: una intervención pronta, sensible y de manera coordinada e integrada. Este es el corazón del protocolo que hoy se firma”.
Mientras, González Magaz indicó que “el modelo de atención integrado y de servicios centrados en la persona sobreviviente de la violencia doméstica responde a las necesidades individualizadas de cada persona. La comunicación, capacitación y conocimiento como servidores públicos para atender la violencia de género, son un compromiso para con las personas sobrevivientes de la violencia doméstica e integrar las diversas interseccionalidades, como lo es el maltrato a menores”.