Senado aprueba “Family First Act”
Por The Star Staff
EL CAPITOLIO – El Senado de Puerto Rico avaló, durante los trabajos de la quinta sesión ordinaria, varias medidas de justicia social entre ellas el segundo Informe de Conferencia del Proyecto del Senado 537 que propone establecer la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores.
Dicha pieza legislativa contó con 14 votos a favor y 11 en contra, la misma busca garantizar el cumplimiento con las partes B y E del Título IV de la Ley del Seguro Social, según enmendada por la Family First Prevention Services Act; derogar la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores y para otros fines relacionados.
“Esta legislación fomenta el proveer oportunidades y esfuerzos razonables que permitan preservar los vínculos familiares y comunitarios en la medida que no se perjudique al menor, evitando el trauma de la separación innecesaria de los padres e hijos. La política pública se enfoca en brindar los servicios y realizar esfuerzos razonables para evitar remociones, mantener la unidad familiar o reunificar al menor con su familia”, detalla el proyecto.
La Ley también implementará un “procedimiento estándar para el manejo de acciones judiciales de menores extranjeros que no ostentan el estado migratorio de residentes permanentes para alinear estas prácticas con los nuevos requisitos federales”.
Asimismo, se aprobó el Proyecto del Senado 839 de la autoría del senador novoprogresista, Gregorio Matías Rosario, que busca añadir un inciso a la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico a los fines de incluir entre sus poderes y deberes la facultad para identificar y crear las herramientas que permitan a las personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down poder insertarse y mantenerse en la fuerza laboral. También, busca enmendar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011 a los fines de establecer una deducción contributiva a los patronos de empresas privadas que empleen a personas diagnosticadas con el Trastorno del Espectro del Autismo o Síndrome Down.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa “el panorama sigue siendo desalentador, con uno de cada tres adultos con autismo que no han tenido un trabajo remunerado o educación posterior a la escuela superior. Ese porcentaje de personas excluidas del mundo laboral es más alto que en el caso de otras discapacidades. Ello es incluso peor para individuos provenientes de familias con bajos ingresos”.
Durante su turno, Matías Rosario expresó que “este proyecto es uno de justicia y lo que busca son herramientas para insertar en el mundo laboral a la comunidad con autismo y con síndrome Down… aquí hay un proyecto donde dice que vamos a darle un incentivo a los que contraten a las personas de la comunidad de autismo y síndrome Down, personas vulnerables y la Junta de Supervisión Fiscal hace unos cálculos que puede ser de $2 a $5 millones y por eso ellos no le van a dar paso… [Pero ellos, la Junta] ya han gastado sobre dos millones de dólares en asesores… No vamos a dejar que la insensibilidad de ellos nos arrope a nosotros y vamos a luchar por los más vulnerables”.