¿Qué es un estorbo público y por qué nos concierne a todos?

Por LCDO. HÉCTOR M. LÓPEZ MARCANO

Especial para El STAR

Cuando hablamos de estorbos públicos, no hablamos simplemente de casas abandonadas o solares en desuso. Hablamos de comunidades afectadas, de riesgos a la salud y la seguridad, de oportunidades perdidas y, sobre todo, de la responsabilidad que tiene el gobierno municipal de actuar en beneficio del interés colectivo.

Un estorbo público es una propiedad privada — ya sea una estructura o un solar — que, por su estado de abandono, deterioro o uso indebido, representa un peligro real o potencial para la salud, la seguridad o el bienestar general de la comunidad. Puede tratarse de edificaciones en ruinas, propiedades llenas de escombros, infestadas de plagas, sin condiciones mínimas de habitabilidad o utilizadas para actividades ilícitas. Su impacto no se limita a la propiedad en sí; se extiende al vecindario completo.

Es importante dejar algo claro desde el inicio: estas propiedades siguen siendo privadas. El municipio no parte de la premisa de despojar a nadie de sus derechos. Por el contrario, el proceso que se activa cuando una propiedad es declarada estorbo público está estrictamente regulado por ley, respeta el debido proceso de ley y reconoce los derechos constitucionales del propietario.

Entre los derechos que se impactan en este proceso están el derecho a la propiedad privada, el debido proceso de ley, el derecho a ser notificado, a corregir la condición señalada y a ser escuchado antes de que el municipio tome acciones adicionales. El Estado no actúa de manera arbitraria ni inmediata. Hay notificaciones, términos, oportunidades de cumplimiento y mecanismos de revisión.

Entonces, ¿por qué el municipio interviene?

Porque existe una política pública clara y responsable, impulsada por nuestro alcalde William Miranda Torres, de restaurar comunidades, devolver propiedades abandonadas al negocio jurídico, eliminar focos de criminalidad, atender problemas de salud pública y crear oportunidades reales de vivienda asequible, particularmente para sectores desventajados y jóvenes que hoy no pueden acceder al mercado tradicional.

Un estorbo público no es solo un problema legal; es un problema humano. Es la casa abandonada frente a la que juegan niños, el edificio colapsado que se convierte en refugio de actividades peligrosas, el solar lleno de basura que afecta la calidad de vida de familias trabajadoras. Atenderlo es un acto de justicia comunitaria.

Cuando, luego de agotado el debido proceso, una propiedad no es rehabilitada por su dueño, la ley permite que el municipio promueva mecanismos para que un tercero responsable pueda adquirirla, rehabilitarla y devolverla a uso productivo. Este no es un proceso improvisado ni opaco. Es un procedimiento ordenado, transparente y con un claro propósito social.

Desde la Oficina de Gestión y Registro de Bienes Inmuebles asumimos esta tarea con sensibilidad, rigor técnico y visión de futuro. No se trata de castigar al propietario, sino de proteger a la comunidad, rescatar espacios y transformar abandono en oportunidad.

Este será el primero de varios artículos educativos donde explicaremos, paso a paso, cómo funciona este proceso, cuáles son los derechos de todas las partes y cómo, como ciudad, podemos convertir un problema histórico en una solución colectiva.

Porque una ciudad que cuida sus comunidades, cuida su futuro.

 Lcdo. Héctor M. López Marcano es el director, Oficina de Gestión y Registro de Bienes Inmuebles, Municipio Autónomo de Caguas