Comisionado Residente exige al Congreso ampliar beneficios de nutrición para las familias en Puerto Rico

POR CYBERNEWS

WASHINGTON, DC – El comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, presentó el miércoles ante el Comité de Agricultura de la Cámara federal sus prioridades legislativas para fortalecer la seguridad alimentaria en Puerto Rico y defendió la transición del Programa de Asistencia Nutricional (NAP) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Durante mi tiempo en el distrito, he hablado con estudiantes que, por no tener SNAP y no contar con el nivel de beneficios que tendrían bajo ese programa, han tenido que decidir entre comprar un manual de química o comprar comida para alimentarse. Esta es una iniciativa de bajo esfuerzo y alto impacto”, dijo Hernández Rivera, en declaraciones escritas.

“Cuando vemos que familias de tres reciben un beneficio promedio de 315 dólares al mes en una isla donde los alimentos son más caros por los costos de envío, y que bajo SNAP recibirían 535 dólares, estamos hablando de una acción concreta para acabar con el hambre”, añadió.

En cuanto a la legislación propuesta, Hernández Rivera impulsa el proyecto H.R. 5168, el Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act, que propone una transición escalonada hacia SNAP con fondos estables, respuesta automática a emergencias y trato equivalente al de otras jurisdicciones, según la información provista.

Respecto al respaldo legislativo, la medida cuenta con apoyo bipartidista y es coauspiciada por la miembra de mayor rango del Comité de Agricultura, Angie Craig; por integrantes del Caucus Hispano del Congreso; y por los legisladores republicanos María Elvira Salazar, Don Bacon y Tony Gonzales.

En materia de educación legislativa, el comisionado informó que su oficina, en coordinación con Hispanic Federation, ofreció una sesión informativa a miembros del Congreso y su personal sobre el impacto económico y social de la transición de NAP a SNAP. Añadió que solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso una evaluación de costos del proyecto como paso necesario para su eventual consideración en el Farm Bill, según se indicó.