Por Cybernews
SAN JUAN – Un gran jurado federal a fines de la semana pasada emitió una acusación de tres cargos contra Aileene Mudafort Fernández y Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc. por deshacerse de una pistola a un delincuente, ayudar e instigar en el tráfico de armas de fuego sin licencia y no mantener registros de armas de fuego.
“Los delitos violentos que involucran armas de fuego a menudo son cometidos por personas que no pueden obtener un arma de fuego legalmente, pero encuentran la manera. De acuerdo con las acusaciones, estos acusados se involucraron en el negocio de vender armas sin seguir las leyes de armas de fuego”, dijo W. Stephen Muldrow, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en comunicación escrita.
“La fabricación y venta sin licencia con fines de lucro de armas de fuego de gran capacidad es una grave amenaza para la seguridad pública. Continuaremos investigando enérgicamente a los traficantes de armas y enjuiciando las violaciones de la ley”, añadió.
Según las acusaciones, desde al menos 2020, Mudafort Fernández y su tienda de armas ayudaron e instigaron a “R.R.M.” en el tráfico ilegal de armas. Además, Mudafort Fernández se deshizo de una pistola Taurus en 2019 a “P.C.T.”, sabiendo que era un delincuente. Mudafort Fernández y su arsenal tampoco cumplieron con los acuerdos de armas de fuego de acuerdo con la ley.
En una acusación separada, José Berrios Aquino, armero de Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc., fue acusado de posesión de una ametralladora. Un armero de Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc., José Berrios Aquino, fue acusado en una acusación separada de posesión de una pistola que había sido modificada para convertirse en una ametralladora. Según documentos públicos, el arma de Berrios Aquino había sido modificada con un gatillo de reinicio forzado Alamo-15, que modifica un arma para disparar automáticamente más de un tiro sin recarga manual mediante una sola función del gatillo.
Si es declarado culpable, cada acusado enfrenta una sentencia de hasta diez años de prisión. Una acusación solo contiene cargos y no es evidencia de culpabilidad.