Por Cybernews
SAN JUAN – La agencia Bloomberg publicó este miércoles un artículo donde detalla resultados de la investigación del IRS iniciada en dos mil veintiuno por petición del Congreso estadounidense. Según el artículo, la agencia federal investiga beneficiarios de Ley 22 que incumplen con la ley y radicarán cargos contra ellos próximamente.
“La investigación del IRS confirma lo que todos sabemos. Existen beneficiarios de Ley 22, ahora Ley 60, que incumplen los requisitos mínimos de la Ley, y además buscan sacar más ventaja por la falta de fiscalización del gobierno. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio indicó públicamente que no puede fiscalizar y los beneficiarios lo saben. Ahora debemos preguntar, ¿si no pueden fiscalizar los decretos que otorgan, cómo pueden afirmar que la Ley beneficia económicamente a Puerto Rico?”, dijo Marlyn Goyco, portavoz del Centro para la Democracia Popular.
Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, calificó la investigación del IRS como agridulce. “La pesquisa ofrece la posibilidad de que rindan cuentas no solo los inversionistas que llegaron a Puerto Rico para evadir responsabilidades y especular, sino todo el andamiaje y sus colaboradores, sean del sector público o privado. Sin embargo, esto confirma que el gobierno local ha sido incapaz -e intencionadamente- de fiscalizar esta legislación, con consecuencias nefastas para la economía local y la capacidad de obtener vivienda.”
Esta noticia surge una semana después de que el Departamento de Hacienda publicara su más reciente Informe de Gastos Tributarios. En el informe se proyecta alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares en ingresos no captados entre 2020 y 2026, debido a la Ley 22.
Julio Lopez Varona, portavoz de Construyamos Otro Acuerdo, denunció: “La Ley 22 ha demostrado ser un fracaso y los beneficiados están abusando de la ley mientras desplazan a nuestras comunidades. La carga económica de esas personas millonarias que no pagan contribuciones la llevamos los puertorriqueños que trabajamos, que pagamos una electricidad más cara, que no tenemos acceso a servicios de salud de calidad, que nos recortan pensiones, y que nos desplazan mientras pagamos contribuciones. Somos nosotros quienes llevamos la carga en medio de esta crisis económica. Es momento de que se eliminen las disposiciones de la Ley 22.”
“Aunque es oportuna la fiscalización del IRS, el gobierno de Puerto Rico tiene que asumir su responsabilidad de fiscalizar adecuadamente el programa que ellos crearon, con promesas de desarrollo económico que no se cumplen.”, concluyó Goyco.